Entrevista a José Aylwyn por muerte de Matías Catrileo

por Rodrigo Cea.

Entrevista a José Aylwin. Después de una de las semanas más violentas en la Araucanía, el Codirector del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas -hijo del ex Presidente Patricio Aylwin- culpa al Gobierno por la muerte de Matías Catrileo.

-A su juicio, ¿quién es el principal responsable de la muerte de Matías Catrileo?

-No cabe duda que la principal responsabilidad en la muerte de Matías Catrileo, como consecuencia de un disparo de carabineros que impactó en su espalda, corresponde al Gobierno, de quien depende Carabineros. Concierne al Gobierno velar porque el accionar de esta institución sea respetuoso de los derechos humanos. Lamentablemente, las actuaciones de la policía, no sólo en la Araucanía, sino en otras partes del país, distan mucho de ser respetuosas de los derechos de las personas, en particular cuando se trata de los sectores más postergados.

-¿Cuál es la responsabilidad de las organizaciones mapuches en el actual nivel de violencia en la zona?

-La violencia ha sido ejercida en contra de los pueblos indígenas por siglos. El Estado chileno la empleó para ocupar militarmente las tierras mapuches y radicarlos forzadamente en un 5% de su espacio ancestral. La misma violencia se ejerce hoy al promoverse desde el Estado la expansión de la economía global, a través de la forestación exótica, la instalación de centrales hidroeléctricas.

-Respecto al accionar mapuche, es necesario señalar que sus organizaciones han desarrollado diversas estrategias, incluyendo la reclamación ante entes públicos, las manifestaciones pacificas y las acciones de fuerza, como la ocupación de predios y de caminos y las acciones en contra de plantaciones forestales, con miras a llamar la atención por la usurpación de sus territorios ancestrales o a lograr el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales.

-¿Cómo calificaría el accionar del Gobierno de Michelle Bachelet frente al llamado "conflicto mapuche"?

-La política de Bachelet frente al mal llamado "conflicto mapuche" ha sido decepcionante. A pesar de sus compromisos con los pueblos indígenas y de su discurso de derechos humanos, es poco o nada lo que se ha avanzado en la superación del conflicto.

-En el plano jurídico, su Gobierno no ha logrado generar hasta ahora los consensos necesarios, incluso en las filas de la Concertación, para que el Senado ratifique el Convenio 169 de la OIT, acuerdo internacional que lleva 16 años a la espera de su aprobación por el Congreso. Más allá de lo jurídico, su Gobierno ha dado un irrestricto respaldo a proyectos de inversión, muchos de ellos transnacionales, que son rechazados por las comunidades.

-¿Cuál cree que es la raíz del problema mapuche: la pobreza en que se encuentra ese pueblo o razones étnicas?

-Los problemas que hoy se viven en la Araucanía, que involucran al pueblo mapuche, a inversionistas y al Estado, son históricos. Más que con la pobreza, tienen que ver con la forma como se ha construido el Estado. Al igual que muchos estados en la región y en el mundo, Chile se construyó bajo la premisa errada de que somos un "Estado-Nación". Y aunque éste constituya un dogma para los sectores más conservadores del país, no corresponde a la realidad. Somos un país pluriétnico y multicultural que no se reconoce como tal. Somos un país de muchos pueblos, cada uno de ellos, como lo reconoce la recientemente aprobada Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, con derechos a libre determinarse en materia económica, política y cultural.

-¿Han tenido efecto las sanciones que recibió Chile por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

-Las recomendaciones de las entidades internacionales de derechos humanos relativas a los pueblos indígenas no han sido asumidas hasta ahora por el Estado. Ello no sólo en lo relacionado con los maltratos y abusos policiales a comunidades indígenas, sino también en otras materias. Es el caso de las recomendaciones efectuadas por el Comité de derechos humanos de la ONU en marzo de este año, instando al Estado de Chile a modificar la legislación antiterrorista para asegurar que individuos no sean inculpados por motivos políticos, religiosos o ideológicos.