A propósito de las últimas movilizaciones que han desarrollado los estudiantes secundarios, con el objeto de reiterarnos que el problema de la calidad de la educación requiere de medidas urgentes y concretas, un conjunto de Municipalidades, a través de sus corporaciones educacionales, han notificado a decenas de escolares el cierre de su año escolar y cancelación de la matrícula por su actitud “contumaz” de paralizar las actividades académicas y ocupar pacíficamente sus liceos.
Llama la atención que sea precisamente el sector más cuestionado de la educación el que de pronto sí es capaz de adoptar “medidas correctivas” con un alto grado de celeridad y unidad de propósitos. Lo irónico es que se es eficaz en el ámbito de la coerción y no en el de la educación, que es precisamente lo que ha motivado la protesta de los estudiantes. Así, tenemos una situación donde es la educación municipalizada la que les ha fallado a los jóvenes, pero cuando éstos visibilizan socialmente el problema son convertidos en los responsables a sancionar, sin que hasta ahora se observen “medidas correctivas” de igual drasticidad ante la falta de competencia demostrada por los sostenedores educacionales. Y si bien las virtuales expulsiones han sido revestidas discursivamente como “situaciones de aprendizaje” -pues a través de ellas los jóvenes han de aprender a asumir las consecuencias de sus actos, afirmó un alcalde de pasado militar vinculado a la dictadura- es claro que se trata de un mecanismo de defensa de la autoridad cuestionada que, a falta de autocrítica, culpa de los fracasos a los más débiles, cobrando sobre ellos su revancha.
Algo semejante al allanamiento y detención de “okupas” a propósito que la autoridad no ha estado en condición de prevenir y controlar desmanes callejeros. Jóvenes, cuyo pecado ha sido vivir en forma alternativa al modo dominante a partir de la autogestión cultural, de pronto son los culpables de la ineficiencia de quienes sí tienen la responsabilidad de asegurar el orden público en marchas autorizadas. Y como toda medida represiva suele ir de la mano de dispositivos de seudo legitimación, hemos sido espectadores de la circulación de discursos que criminalizan al anarquismo con el que se identifican muchos jóvenes, como el oscuro responsable de los peores males de la sociedad. Convendría agregar que ha sido desde tal corriente de pensamiento que se pudo desarrollar en Chile la prensa obrera, que cumplió una función importantísima de autoeducación de los sectores marginados, y que ha brindado brillantes exponentes de la cultura, como el premio nacional de literatura Manuel Rojas, y significativas experiencias de democracia directa, como la Segunda República de España, ejemplo universal de respeto a los derechos y libertades individuales y sociales.
La reacción desmedida de la “sociedad adulta” ante la juventud contestataria, ha sido acompañada de un sintomático silencio de la clase política que suele quejarse por el poco interés de los jóvenes en los asuntos públicos. Otra muestra de la incomprensión de quienes ejercen el poder en sus distintos niveles ante lo que motiva y demanda la subjetividad juvenil contemporánea, tributaria de una era de profundas mutaciones culturales. Sería interesante que las autoridades y políticos hicieran el clásico tour al que invita el grupo Sol y Lluvia, pues descubrirían la infinita cantidad de colectivos desde donde los jóvenes practican la solidaridad y la humanización de sus territorios y ámbitos de vida como una manera distinta de hacer política: anarcopunks, vegetarianos protectores de animales, rastafaris, hip-hoperos, okupas, objetores de conciencia, promotores de los derechos humanos desde la “Funa”, preuniversitarios populares y de las barras bravas, agrupaciones cristianas de base, radios comunitarias, feministas y activistas por un desarrollo sustentable, sindicatos de trabajo infantil, en fin, una pléyade de organizaciones que nos muestran que más allá de lo que transmite la telebasura que acostumbra a etiquetar lo juvenil que está por fuera del consumo como conducta desviada, existe un movimiento social lleno de dinamismo, memoria y futuro.
La posdictadura, en este sentido, ha sido mezquina con los jóvenes, pues a diferencia de lo que ha ocurrido con los empresarios, Fuerzas Armadas e Iglesia, no se ha reconocido en ellos su condición de protagonistas e interlocutores fundamentales para la progresiva democratización de la sociedad. Excepto cuando se arriesgan y movilizan a escala nacional, por lo cual –es la lección del momento- han de ser castigados. Pero aplicar medidas criminalizantes a la protesta juvenil solo aumentará la brecha de incomunicación entre sectores de la sociedad que de otra forma se potenciarían mutuamente.
Los jóvenes “están ahí” y no desaparecerán porque se les eche de sus liceos. Ejercer violencia, aunque sea desde el aséptico lugar que ofrecen los reglamentos, solo logrará generar más frustración, bronca y violencia. No hay que ser futurólogo para saberlo. Hasta un alcalde con pasado militar debiera poder comprenderlo. ¿O no?
Publicado en La Nación el 27/10/2006
