Los docentes son los profesores Gina Raineri, Manuel Guerrero y Mauricio Suárez, con el apoyo coordinador de la profesora Gabriela Huepe. “Nuestro propósito es traer a discusión situaciones que se presentan en el quehacer del ámbito de la salud, pero mirados desde la bioética, la ciudadanía, el derecho y los derechos humanos, favoreciendo una argumentación desde los valores y la ciudadanía, a través de actividades de difusión y extensión que beneficien las investigaciones que realizamos en nuestra institución, para generar nuevas propuestas que dejen una impresión en la sociedad civil”, explica la profesora Raineri.
Añade que la disciplina de la bioética surge como respuesta a conflictos éticos surgidos en la medicina a partir de los importantes avances científicos y tecnológicos desarrollados durante el siglo XX. “Eso está en íntima relación con los derechos humanos: si todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos, se tiene que partir de la base que la atención en salud tiene que considerar esos derechos; un ejemplo de ello es el respeto hacia el otro y a sus libertades. Una forma de concretar este derecho humano es el ejercicio del consentimiento informado en los actos médicos y en la participación voluntaria de los sujetos en proyectos de investigación. Y en esa línea, nos preguntamos, por ejemplo, cuando se confunde en un profesional el rol de tratante e investigador, ¿realmente se están respetando estas declaraciones y normas vigentes en torno a los derechos humanos?”.
Por eso, agrega, otra forma de concreción de respeto hacia esos derechos “es el respeto hacia la capacidad de decisión de las personas. En ese ámbito, en el año 2003 realizamos una investigación respecto de cómo se evalúa la capacidad de los pacientes en la toma de decisiones en salud, revisando la visión desde el mundo del derecho y desde el mundo médico. Y esa es una temática que retomamos ahora, pero desde la perspectiva de los adolescentes; a quienes, desde una mirada civil, se les considera incapaces relativos para decidir en ese ámbito, sin embargo como sociedad y desde lo penal, les reconocemos plena capacidad. Esa situación produce conflictos éticos y legales, tanto en el ámbito personal como en su relación con el profesional de salud”.
La generación de una memoria histórica
Otros temas que esperan abordar como equipo de trabajo es la participación de personas con discapacidad en investigación en salud, desde la nueva normativa de investigación así como la ley de deberes y derechos de los pacientes.
De hecho, añade la profesora Ranieri, “el profesor Manuel Guerrero hace docencia en varias de nuestras escuelas de pregrado, en las que trabajan bastante –por la naturaleza de su disciplina- con personas con capacidades diferentes, como es el caso Terapia Ocupacional y Enfermería, y así podremos avanzar en ese ámbito”.
A este respecto, el profesor Guerrero, sociólogo con formación de postgrado y especializado en bioética clínica y bioética en investigación con seres humanos, trabaja en el cruce que se produce entre las ciencias de la vida, las ciencias sociales y las humanidades. Dado que además tiene experiencia en el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel de la ciudadanía activa, ha incorporado la mirada de la construcción social de la discapacidad, así como de la participación ciudadana como una dimensión relevante para el propio tratamiento de las personas, grupos y comunidades con quienes se interactúa desde el campo de la salud.
“El siglo XX corto”, señala Guerrero, “como le llamara el historiador Eric Hobsbawm a los años transcurridos entre 1914 y 1991, dejó un saldo de 187 millones de personas que murieron no sólo en conflictos entre Estados, sino por parte de sus propios gobiernos que actuaron en forma organizada contra la población civil. Es lo que conocemos como crímenes de lesa humanidad, caracterización que surge luego de la Segunda Guerra Mundial a propósito de los juicios de Nürnberg, en que se condenaron médicos y enfermeras por haber llevado a cabo experimentos en pacientes de hospitales y en prisioneros de campos de concentración, así como asesinatos, torturas y atrocidades masivas contra personas estigmatizadas. En América Latina y Chile también tenemos experiencias tristes en que no sólo se ha roto el juramento Hipocrático, sino que la ciencia se ha puesto al servicio del daño al otro vulnerando sus derechos humanos. El imperativo del ‘Nunca Más’ supone la generación de memoria histórica sobre estos hechos, para que sea transmitida a las nuevas generaciones como una alerta ético-moral de lo que no debe volver a suceder, así como investigación, reflexión y educación en valores vinculados a la bioética, la ciudadanía y los derechos humanos.”
El debate moral público
El profesor Mauricio Suárez trabaja en la Escuela de Posgrado de nuestro plantel, impartiendo cursos sobre la regulación metodológica, ética y legal de la investigación biomédica y se interesa por la filosofía moral, la bioética y el debate público sobre problemas morales. Participa en esta nueva la línea de trabajo porque “me parece importante explorar y difundir las condiciones que impone la ciudadanía –como sujeto de derechos humanos en un Estado constitucional democrático al debate público sobre temas morales”.
Y es que, explica, “religión, raza, renta, género, orientación sexual, etc. no son condiciones de la ciudadanía. En Chile, para ser ciudadano y formar parte de la comunidad política, basta con tener 18 años o más, haber nacido en el país y no estar condenado a penas aflictivas, lo que plantea la siguiente cuestión: ¿qué valores, conceptos y prioridades implica la ciudadanía en una democracia constitucional?”.
La respuesta, añade, es importante porque sólo con valores, conceptos y prioridades compartidos pueden justificarse a todos los ciudadanos las decisiones sobre asuntos públicos. “Para que haya una razón pública, es necesario identificarlos y exponerlos. Complica la tarea el hecho de que comúnmente los ciudadanos no sólo son miembros de la comunidad política, sino también de asociaciones particulares (iglesias, partidos políticos, organizaciones sociales, etc.) con valores, conceptos y prioridades distintos a los de la ciudadanía y hasta incompatibles con ellos. Incluso el concepto de derechos humanos, básico para la democracia constitucional, pero no para las concepciones morales (teológicas, utilitaristas o iusnaturalistas) de algunas asociaciones, puede resultar afectado. Esto crea confusión y hace necesaria la reflexión. Ciudadanos que, guiados por la idea de democracia constitucional, discuten sobre qué derechos humanos tienen y cuál es la mejor forma de interpretarlos y protegerlos, se desorientan cuando las asociaciones a que pertenecen tratan los temas públicos en otros términos. Creo que la línea de trabajo sobre ciudadanía, derechos humanos y bioética es un lugar adecuado para canalizar estas inquietudes”.
Fuente: El Pulso, Facultad de Medicina Universidad de Chile
El profesor Mauricio Suárez trabaja en la Escuela de Posgrado de nuestro plantel, impartiendo cursos sobre la regulación metodológica, ética y legal de la investigación biomédica y se interesa por la filosofía moral, la bioética y el debate público sobre problemas morales. Participa en esta nueva la línea de trabajo porque “me parece importante explorar y difundir las condiciones que impone la ciudadanía –como sujeto de derechos humanos en un Estado constitucional democrático al debate público sobre temas morales”.
Y es que, explica, “religión, raza, renta, género, orientación sexual, etc. no son condiciones de la ciudadanía. En Chile, para ser ciudadano y formar parte de la comunidad política, basta con tener 18 años o más, haber nacido en el país y no estar condenado a penas aflictivas, lo que plantea la siguiente cuestión: ¿qué valores, conceptos y prioridades implica la ciudadanía en una democracia constitucional?”.
La respuesta, añade, es importante porque sólo con valores, conceptos y prioridades compartidos pueden justificarse a todos los ciudadanos las decisiones sobre asuntos públicos. “Para que haya una razón pública, es necesario identificarlos y exponerlos. Complica la tarea el hecho de que comúnmente los ciudadanos no sólo son miembros de la comunidad política, sino también de asociaciones particulares (iglesias, partidos políticos, organizaciones sociales, etc.) con valores, conceptos y prioridades distintos a los de la ciudadanía y hasta incompatibles con ellos. Incluso el concepto de derechos humanos, básico para la democracia constitucional, pero no para las concepciones morales (teológicas, utilitaristas o iusnaturalistas) de algunas asociaciones, puede resultar afectado. Esto crea confusión y hace necesaria la reflexión. Ciudadanos que, guiados por la idea de democracia constitucional, discuten sobre qué derechos humanos tienen y cuál es la mejor forma de interpretarlos y protegerlos, se desorientan cuando las asociaciones a que pertenecen tratan los temas públicos en otros términos. Creo que la línea de trabajo sobre ciudadanía, derechos humanos y bioética es un lugar adecuado para canalizar estas inquietudes”.
Fuente: El Pulso, Facultad de Medicina Universidad de Chile
Guerrero llamó a "los militares jóvenes de Chile a repudiar en sus filas actitud de alcalde Labbé".
