´Bioética, Derechos Humanos y Ciudadanía', nueva línea de investigación en Facultad de Medicina @uchile

Esta es la nueva línea de trabajo e investigación que estableció un grupo de académicos del Departamento de Bioética y Humanidades de la Facultad de Medicina, con el fin de potenciar proyectos individuales, generar propuestas como equipo y, a la vez, hacer difusión y socialización de la temática a nivel institucional y extramural.

Los docentes son los profesores Gina Raineri, Manuel Guerrero y Mauricio Suárez, con el apoyo coordinador de la profesora Gabriela Huepe. “Nuestro propósito es traer a discusión situaciones que se presentan en el quehacer del ámbito de la salud, pero mirados desde la bioética, la ciudadanía, el derecho y los derechos humanos, favoreciendo una argumentación desde los valores y la ciudadanía, a través de actividades de difusión y extensión que beneficien las investigaciones que realizamos en nuestra institución, para generar nuevas propuestas que dejen una impresión en la sociedad civil”, explica la profesora Raineri.

Añade que la disciplina de la bioética surge como respuesta a conflictos éticos surgidos en la medicina a partir de los importantes avances científicos y tecnológicos desarrollados durante el siglo XX. “Eso está en íntima relación con los derechos humanos: si todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos, se tiene que partir de la base que la atención en salud tiene que considerar esos derechos; un ejemplo de ello es el respeto hacia el otro y a sus libertades. Una forma de concretar este derecho humano es el ejercicio del consentimiento informado en los actos médicos y en la participación voluntaria de los sujetos en proyectos de investigación. Y en esa línea, nos preguntamos, por ejemplo, cuando se confunde en un profesional el rol de tratante e investigador, ¿realmente se están respetando estas declaraciones y normas vigentes en torno a los derechos humanos?”.

Por eso, agrega, otra forma de concreción de respeto hacia esos derechos “es el respeto hacia la capacidad de decisión de las personas. En ese ámbito, en el año 2003 realizamos una investigación respecto de cómo se evalúa la capacidad de los pacientes en la toma de decisiones en salud, revisando la visión desde el mundo del derecho y desde el mundo médico. Y esa es una temática que retomamos ahora, pero desde la perspectiva de los adolescentes; a quienes, desde una mirada civil, se les considera incapaces relativos para decidir en ese ámbito, sin embargo como sociedad y desde lo penal, les reconocemos plena capacidad. Esa situación produce conflictos éticos y legales, tanto en el ámbito personal como en su relación con el profesional de salud”.


La generación de una memoria histórica

Otros temas que esperan abordar como equipo de trabajo es la participación de personas con discapacidad en investigación en salud, desde la nueva normativa de investigación así como la ley de deberes y derechos de los pacientes.

De hecho, añade la profesora Ranieri, “el profesor Manuel Guerrero hace docencia en varias de nuestras escuelas de pregrado, en las que trabajan bastante –por la naturaleza de su disciplina- con personas con capacidades diferentes, como es el caso Terapia Ocupacional y Enfermería, y así podremos avanzar en ese ámbito”.

A este respecto, el profesor Guerrero, sociólogo con formación de postgrado y especializado en bioética clínica y bioética en investigación con seres humanos, trabaja en el cruce que se produce entre las ciencias de la vida, las ciencias sociales y las humanidades. Dado que además tiene experiencia en el campo de la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel de la ciudadanía activa, ha incorporado la mirada de la construcción social de la discapacidad, así como de la participación ciudadana como una dimensión relevante para el propio tratamiento de las personas, grupos y comunidades con quienes se interactúa desde el campo de la salud.

“El siglo XX corto”, señala Guerrero, “como le llamara el historiador Eric Hobsbawm a los años transcurridos entre 1914 y 1991, dejó un saldo de 187 millones de personas que murieron no sólo en conflictos entre Estados, sino por parte de sus propios gobiernos que actuaron en forma organizada contra la población civil. Es lo que conocemos como crímenes de lesa humanidad, caracterización que surge luego de la Segunda Guerra Mundial a propósito de los juicios de Nürnberg, en que se condenaron médicos y enfermeras por haber llevado a cabo experimentos en pacientes de hospitales y en prisioneros de campos de concentración, así como asesinatos, torturas y atrocidades masivas contra personas estigmatizadas. En América Latina y Chile también tenemos experiencias tristes en que no sólo se ha roto el juramento Hipocrático, sino que la ciencia se ha puesto al servicio del daño al otro vulnerando sus derechos humanos. El imperativo del ‘Nunca Más’ supone la generación de memoria histórica sobre estos hechos, para que sea transmitida a las nuevas generaciones como una alerta ético-moral de lo que no debe volver a suceder, así como investigación, reflexión y educación en valores vinculados a la bioética, la ciudadanía y los derechos humanos.”

El debate moral público

El profesor Mauricio Suárez trabaja en la Escuela de Posgrado de nuestro plantel, impartiendo cursos sobre la regulación metodológica, ética y legal de la investigación biomédica y se interesa por la filosofía moral, la bioética y el debate público sobre problemas morales. Participa en esta nueva la línea de trabajo porque “me parece importante explorar y difundir las condiciones que impone la ciudadanía –como sujeto de derechos humanos en un Estado constitucional democrático al debate público sobre temas morales”.

Y es que, explica, “religión, raza, renta, género, orientación sexual, etc. no son condiciones de la ciudadanía. En Chile, para ser ciudadano y formar parte de la comunidad política, basta con tener 18 años o más, haber nacido en el país y no estar condenado a penas aflictivas, lo que plantea la siguiente cuestión: ¿qué valores, conceptos y prioridades implica la ciudadanía en una democracia constitucional?”.

La respuesta, añade, es importante porque sólo con valores, conceptos y prioridades compartidos pueden justificarse a todos los ciudadanos las decisiones sobre asuntos públicos. “Para que haya una razón pública, es necesario identificarlos y exponerlos. Complica la tarea el hecho de que comúnmente los ciudadanos no sólo son miembros de la comunidad política, sino también de asociaciones particulares (iglesias, partidos políticos, organizaciones sociales, etc.) con valores, conceptos y prioridades distintos a los de la ciudadanía y hasta incompatibles con ellos. Incluso el concepto de derechos humanos, básico para la democracia constitucional, pero no para las concepciones morales (teológicas, utilitaristas o iusnaturalistas) de algunas asociaciones, puede resultar afectado. Esto crea confusión y hace necesaria la reflexión. Ciudadanos que, guiados por la idea de democracia constitucional, discuten sobre qué derechos humanos tienen y cuál es la mejor forma de interpretarlos y protegerlos, se desorientan cuando las asociaciones a que pertenecen tratan los temas públicos en otros términos. Creo que la línea de trabajo sobre ciudadanía, derechos humanos y bioética es un lugar adecuado para canalizar estas inquietudes”.

Fuente: El Pulso, Facultad de Medicina Universidad de Chile

Ni desorden, ni caos: emancipación

La contundente aparición a la escena pública del movimiento estudiantil secundario el año 2006 ha sido vista por críticos de corriente conservadora como la expresión de una situación social que carece de normas capaces de orientar el comportamiento de los individuos. Ante un movimiento ciudadano que fue capaz de incorporar un tópico a la agenda pública que no estaba contemplado en el programa de la Presidenta, como es el cambio de la LOCE, se ha hecho circular el mensaje que durante este 2007 han de impedirse, a como dé lugar, situaciones de este tipo, so pena que se sumen otros grupos sociales a las movilizaciones lo que pondría en peligro la paz y la cohesión social, llevando tarde o temprano al colapso de la gobernabilidad. Y lo que se dictamina para Chile se hace extensivo para la región, como un territorio que, por los distintos tipos de proyectos de gobierno que hoy alberga, y la presencia en ellos de vigorosos movimientos sociales, se encontraría al borde del abismo.

En forma casi desesperada se exhorta a que se dé pronta solución a la emergencia de este fenómeno a través del aumento de la capacidad, cobertura y eficacia de los mecanismos de control social, en la dirección de frenar, impedir y minimizar el efecto de presión que los grupos sociales puedan llegar a ejercer, ojalá evitando que estos movimientos siquiera se logren constituir.

Al respecto, es necesario llamar la atención que tal visión no sólo invisibiliza la capacidad afirmativa que tienen los ciudadanos organizados por lograr mayores espacios de influencia en la toma de decisiones acerca de su propio destino, sino que además reduce la figura del control social a mero instrumento de coerción hacia lo diferente, reforzando de este modo una triste y larga tradición represiva en nuestro continente. Por fortuna, las y los demócratas del mundo ven en América Latina algo diferente: la ampliación de las formas de control político por parte de los ciudadanos, como nuevos mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas con que los gobernados verifican y fiscalizan la acción de sus gobernantes y crean espacios propios de participación y construcción de proyectos emancipatorios.

De acuerdo con el cientista político Guillermo O’Donnell, las democracias contemporáneas exigen rendimiento de cuentas a sus gobernantes a través de una forma horizontal -que es lo que realizan agencias del Estado, como las auditorías, defensorías, contralorías, fiscalías y órganos afines, así como la propia división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial que se controlan mutuamente-, y una forma vertical que se da a través del ejercicio de las elecciones, ocasión en que los gobernantes salen al pizarrón a rendir cuentas ante las urnas.
Sin embargo, movimientos como el de los secundarios, junto con pedir cuentas al Estado y la sociedad por un área de injusticia y desigualdad que no está siendo adecuadamente atendida, como la educación, van más allá, y abandonando la espera a que el sistema político institucional funcione por sí mismo, exigen ser considerados no solo como usuarios o beneficiarios sino como actores directos del diseño de las políticas que los afectan.

Lo que habría entonces en la relación de estos movimientos sociales con el Estado y el sistema político en general, no es una situación anomia, sino el ejercicio de un “accountability social”, que no corresponde, además, a la categorización hecha por O’Donnell. Lo interesante, a su vez, es que este tipo de exigencia de rendición de cuentas es tanto hacia fuera como hacia adentro de los movimientos, pues no solo se ejerce presión hacia el entorno –el Estado, los partidos, el resto de la sociedad- sino hacia las propias dirigencias y miembros, los que son evaluados desde una ética colectiva que no teme a la rotación rápida de “rostros”.

En este sentido, por su forma de organización y su manera de operar, estos movimientos al parecer estarían política y culturalmente mejor dotados para la democracia que muchos de los llamados partidos progresistas o revolucionarios tradicionales, varios de los cuales replican los vicios de los sistemas de poder que critican, como la falta de democracia interna y la intolerancia a la diferencia. Colectivos estudiantiles, pobres urbanos, indígenas, de género, ambientalistas, de derechos humanos, entre otros, pese a sus singularidades guardan una preocupación común por la justicia social y por el reconocimiento, y son capaces de poner en práctica convivencias constructivas con la diferencia en espacios paralelos a los de la política tradicional, desde donde también se ejerce ciudadanía y se hace política.

¿Cabe esperar una proyección mayor de estos movimientos más allá de sus ciclos de protesta masiva? Catalina Smulovitz ha observado al respecto cómo tras las protestas los movimientos suelen derivar en movilizaciones legales, presionando esta vez a la institucionalidad judicial y a la efectividad de las propias leyes, como fue la experiencia, por ejemplo, del “corralito” argentino, en cuyo caso luego de las protestas en las calles se observó una presentación masiva de recursos de amparo por la violación a los derechos de propiedad con relación a la disponibilidad de los depósitos bancarios acorralados, lo que luego se ramificó en reclamos por la inconstitucionalidad de decretos, la oposición a la política gubernamental en la materia, así como por la inconstitucionalidad a raíz de la postergación de sentencias judiciales favorables.

Tal vez estemos ante un escenario continental en que las luchas por la emancipación en los distintos planos de lo social están pasando desde posiciones defensivas y puramente críticas a las de propuesta, articulación con otros y acción afirmativa. Esto lentamente pudiera estar conformando la base para la puesta en acto de proyectos de construcción de países más justos, democráticos, respetuosos y en paz, desde la conciencia que las formas de acción dicen mucho sobre el fin que se persigue.

En un contexto en que muchos de los partidos políticos que administran el ejercicio del poder se encuentran con crisis existenciales condimentadas con prácticas de corrupción, no cabe menos que esperanzarse ante una ciudadanía que lejos de preferir el caos a esta realidad tan charcha, se organiza y genera una gobernabilidad más honesta y propia.

Publicado en el diario La Nación 18/01/2007