30 mayo 2011

El derecho a la salud es un derecho humano y de ciudadanía

por Adriana Gómez, Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual*

El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o malestar (OMS). Es un concepto amplio, integrador, holístico, que da cuenta de la capacidad de las personas de sentir bien-estar en todos los ámbitos de su vida a partir del goce de una serie de condiciones favorables que trascienden lo meramente biológico. Condiciones que incluyen tener una vida digna y libre de violencias, un trabajo decente, una vivienda, alimentación suficiente, educación, descanso y acceso a la cultura.

Este derecho debe ser concebido, al mismo tiempo, como un derecho de ciudadanía de mujeres y hombres, quienes deben poder ejercerlo en plenitud y sin restricciones a lo largo de toda su existencia. La ciudadanía, sin embargo, muchas veces no pasa de ser una palabra vacía, sin mucho significado, una abstracción. A lo más es vinculada con el hecho de ir a emitir un voto en algún proceso eleccionario, acto que demostraría que somos ciudadanxs cabales una vez que colocamos la papeleta en la urna. Pero la ciudadanía sin duda es mucho más que eso. Alude, más bien, a la titularidad y al ejercicio de los derechos ciudadanos, es decir, los derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, y todos aquellos que han ido validándose en las épocas recientes, como los derechos sexuales y reproductivos. La ciudadanía es el derecho a tener derechos.

Este ejercicio de derechos de ciudadanía debe poder ser realizado en total libertad y autonomía, sin sufrir ningún tipo de discriminación, coerción o violencia de parte del Estado u otras entidades, personas o grupos. Y para ello se debe contar con el respaldo de un gobierno y de unas instituciones públicas plenamente respetuosos de la sociedad civil a la que representan y que les ha elegido. No obstante, la realidad nos demuestra que la ciudadanía de las mujeres no ha sido reconocida en su justa dimensión, de allí que se dice que aún somos ciudadanas de segunda o tercera categoría en comparación con los hombres. Pues sin desconocer los avances para convertirnos en sujetas plenas de derecho, los obstáculos que todavía existen son enormes, derivados de la desigualdad de poder entre mujeres y hombres y de la discriminación que enfrentamos en el acceso a recursos, educación, salud, trabajo, participación política y social, etc.

Para las mujeres es especialmente difícil que se nos reconozca el derecho a la salud, en especial en esta época en que la globalización de la economía con un sesgo neoliberal ha deteriorado profundamente los sistemas e instituciones nacionales y el papel del Estado, el cual abandona progresivamente el rol social que debería ejercer para garantizarnos el acceso a los derechos más básicos. Los sistemas públicos de salud se abaten con el avance de estos modelos de desarrollo mientras que los ímpetus privatizadores han hecho de la salud una verdadera mercancía, un lujo. En los sistemas cuyo fin es el lucro, las mujeres somos consideradas "un riesgo", y los embarazos y partos, “un siniestro”, y todos los planes de salud que se ofrecen son más caros, mientras que los servicios públicos, sin recursos y en crisis, no responden con calidad y oportunidad. Y los procesos de reforma del sector salud, en la mayoría de los casos, se han desvinculado de la búsqueda de la equidad, en especial la equidad de género, con la consiguiente falla en promover y satisfacer las necesidades de las personas, y de las mujeres en particular.

Por otra parte, y como fenómenos que subyacen a estos modelos de desarrollo profundamente excluyentes, se advierte cómo las violencias, en sus distintas expresiones, se instalan en la sociedad como una forma “normal” de relacionamiento entre las personas. Y por supuesto la violencia sexista también va creciendo, potenciándose y formando alianza con las fuerzas fundamentalistas, con el fanatismo religioso, con el militarismo, etc.

Es así como estas tendencias claramente son enemigas del reconocimiento de derechos, especialmente, los derechos de las mujeres, de adolescentes y jóvenes, de la diversidad sexual, o de cualquier colectivo social que se oponga a ser coaccionado. De allí que en el contexto actual las mujeres no hemos logrado que se respeten:

• el acceso universal, en todas las etapas de vida, a la información y servicios de atención de la salud gratuitos o de bajo costo y de óptima calidad, • el derecho a ejercer una salud sexual y reproductiva sana, libres de violencias y coerción, • el derecho a conocer y respetar nuestro cuerpo, • el derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables o inoportunas, • el derecho a relacionarnos sexualmente con quien deseemos sin ser presionadas ni violentadas, en el momento que elijamos, • el derecho a buscar y sentir el placer sin culpas, • el derecho a decidir el número de hijos e hijas que queremos tener, cuándo tenerlos, o bien a no tenerlos, • el derecho a estar informadas para regular nuestra fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles, o a que nuestra pareja los utilice, • el derecho a recibir una atención de salud de la más alta calidad en el embarazo, parto y en todos los otros momentos de nuestra vida sexual y reproductiva, • el derecho a compartir las responsabilidades de la sexualidad y la reproducción con la pareja, • el derecho a protegernos de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, en especial cuando se trata de mujeres adolescentes y niñas, • el derecho a una participación igualitaria de las mujeres en las instancias de decisión del área de la salud.

En Chile, siendo el país más avanzado de la región en la implementación de estos modelos de desarrollo y en la reestructuración y adaptación del Estado bajo los esquemas neoliberales, estamos experimentando día a día ataques en contra del derecho de las mujeres a estar sanas y felices. Es por ello que para el próximo 28 de mayo las mujeres chilenas saldremos a las calles a defender la salud como un derecho humano, como un bien social y como un eje central de nuestra ciudadanía plena.

* La autora pertenece a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Articulación Feminista por la Libertad de DecidirRed de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y Articulación Feminista por la Libertad de Decidir


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