15 enero 2007

Ni desorden, ni caos: emancipación


La contundente aparición a la escena pública del movimiento estudiantil secundario el año 2006 ha sido vista por críticos de corriente conservadora como la expresión de una situación social que carece de normas capaces de orientar el comportamiento de los individuos. Ante un movimiento ciudadano que fue capaz de incorporar un tópico a la agenda pública que no estaba contemplado en el programa de la Presidenta, como es el cambio de la LOCE, se ha hecho circular el mensaje que durante este 2007 han de impedirse, a como dé lugar, situaciones de este tipo, so pena que se sumen otros grupos sociales a las movilizaciones lo que pondría en peligro la paz y la cohesión social, llevando tarde o temprano al colapso de la gobernabilidad. Y lo que se dictamina para Chile se hace extensivo para la región, como un territorio que, por los distintos tipos de proyectos de gobierno que hoy alberga, y la presencia en ellos de vigorosos movimientos sociales, se encontraría al borde del abismo.

En forma casi desesperada se exhorta a que se dé pronta solución a la emergencia de este fenómeno a través del aumento de la capacidad, cobertura y eficacia de los mecanismos de control social, en la dirección de frenar, impedir y minimizar el efecto de presión que los grupos sociales puedan llegar a ejercer, ojalá evitando que estos movimientos siquiera se logren constituir.
Al respecto, es necesario llamar la atención que tal visión no sólo invisibiliza la capacidad afirmativa que tienen los ciudadanos organizados por lograr mayores espacios de influencia en la toma de decisiones acerca de su propio destino, sino que además reduce la figura del control social a mero instrumento de coerción hacia lo diferente, reforzando de este modo una triste y larga tradición represiva en nuestro continente. Por fortuna, las y los demócratas del mundo ven en América Latina algo diferente: la ampliación de las formas de control político por parte de los ciudadanos, como nuevos mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas con que los gobernados verifican y fiscalizan la acción de sus gobernantes y crean espacios propios de participación y construcción de proyectos emancipatorios.

De acuerdo con el cientista político Guillermo O’Donnell, las democracias contemporáneas exigen rendimiento de cuentas a sus gobernantes a través de una forma horizontal -que es lo que realizan agencias del Estado, como las auditorías, defensorías, contralorías, fiscalías y órganos afines, así como la propia división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial que se controlan mutuamente-, y una forma vertical que se da a través del ejercicio de las elecciones, ocasión en que los gobernantes salen al pizarrón a rendir cuentas ante las urnas.
Sin embargo, movimientos como el de los secundarios, junto con pedir cuentas al Estado y la sociedad por un área de injusticia y desigualdad que no está siendo adecuadamente atendida, como la educación, van más allá, y abandonando la espera a que el sistema político institucional funcione por sí mismo, exigen ser considerados no solo como usuarios o beneficiarios sino como actores directos del diseño de las políticas que los afectan.

Lo que habría entonces en la relación de estos movimientos sociales con el Estado y el sistema político en general, no es una situación anomia, sino el ejercicio de un “accountability social”, que no corresponde, además, a la categorización hecha por O’Donnell. Lo interesante, a su vez, es que este tipo de exigencia de rendición de cuentas es tanto hacia fuera como hacia adentro de los movimientos, pues no solo se ejerce presión hacia el entorno –el Estado, los partidos, el resto de la sociedad- sino hacia las propias dirigencias y miembros, los que son evaluados desde una ética colectiva que no teme a la rotación rápida de “rostros”.

En este sentido, por su forma de organización y su manera de operar, estos movimientos al parecer estarían política y culturalmente mejor dotados para la democracia que muchos de los llamados partidos progresistas o revolucionarios tradicionales, varios de los cuales replican los vicios de los sistemas de poder que critican, como la falta de democracia interna y la intolerancia a la diferencia. Colectivos estudiantiles, pobres urbanos, indígenas, de género, ambientalistas, de derechos humanos, entre otros, pese a sus singularidades guardan una preocupación común por la justicia social y por el reconocimiento, y son capaces de poner en práctica convivencias constructivas con la diferencia en espacios paralelos a los de la política tradicional, desde donde también se ejerce ciudadanía y se hace política.

¿Cabe esperar una proyección mayor de estos movimientos más allá de sus ciclos de protesta masiva? Catalina Smulovitz ha observado al respecto cómo tras las protestas los movimientos suelen derivar en movilizaciones legales, presionando esta vez a la institucionalidad judicial y a la efectividad de las propias leyes, como fue la experiencia, por ejemplo, del “corralito” argentino, en cuyo caso luego de las protestas en las calles se observó una presentación masiva de recursos de amparo por la violación a los derechos de propiedad con relación a la disponibilidad de los depósitos bancarios acorralados, lo que luego se ramificó en reclamos por la inconstitucionalidad de decretos, la oposición a la política gubernamental en la materia, así como por la inconstitucionalidad a raíz de la postergación de sentencias judiciales favorables.

Tal vez estemos ante un escenario continental en que las luchas por la emancipación en los distintos planos de lo social están pasando desde posiciones defensivas y puramente críticas a las de propuesta, articulación con otros y acción afirmativa. Esto lentamente pudiera estar conformando la base para la puesta en acto de proyectos de construcción de países más justos, democráticos, respetuosos y en paz, desde la conciencia que las formas de acción dicen mucho sobre el fin que se persigue.

En un contexto en que muchos de los partidos políticos que administran el ejercicio del poder se encuentran con crisis existenciales condimentadas con prácticas de corrupción, no cabe menos que esperanzarse ante una ciudadanía que lejos de preferir el caos a esta realidad tan charcha, se organiza y genera una gobernabilidad más honesta y propia.
Publicado en el diario La Nación 18/01/2007

2 comentarios:

hugo caamaño dijo...

buenos dias manuel:
solo darte las gracias por compartir conmigo lo que piensas y crees de nuestro pais.
Un saludo fraterno
hugo caamaño p
dpto. Juridico - Sence

M. Nicolas dijo...

Mimo:

El O'Donnell repite leseras. Pues bien dices que lo que se ve/actua en la realidad poco tiene que ver con las 'categorias' del cientista político. Sin embargo, no crees que el origen de la postura misma, de 'exigir' accountability (palabra que facil se puede reemplazar con 'responsabilidad ante el producto vendido') está en que se creo en todos los niveles de la sociedad, clientes?

Los chicos secundarios están exigiendo lo mínimo, lo ordinario y no piden algo fuera de lo que se promete...Lo que -desde luego- contrasta con las exigencias del pueblo mapuche.

En todo caso, no importa realmente el porque se arma rechazo y exigencia. Lo importante es que se haga y se presione.

El gobierno de Chile (igual que cualquier otro gobierno de la globalización) debe entregar lo que promete y así, haciendose cargo de que efectivamente son el resultado de un modelo que no funciona.

Es que parece que los chicos pinguins decidieron de ver al caballo regalado los dientes...Y se encontraron con que -justamente proque son los 'usuarios' del sistema- no hay dentadura alguna.

Eso. He dicho y aplicate con un aporte al borrador del plebiscito nacional de las Curves. Que así se hace la pega de antemano....

Cheers,