Es un pésimo precedente que deja establecido la Corte Suprema de otorgar libertad condicional en un caso de crimen de lesa humanidad a alguien que ni siquiera cumple los requisitos mínimos exigidos para un delito común. La Suprema no accedió, además, a darnos derecho a alegatos y resolvió a puerta cerrada.
Las responsabilidades de este precedente que abre la puerta a la libertad condicional improcedente a otros agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos es diversa. Hay responsabilidad de los tribunales que actúan en forma disímil -en el caso de Gonzalez Betancourt se negó el mismo beneficio por tratarse de un crimen de lesa humanidad y no contar con informe psicológico favorable, mientras que acá se hace vista gorda de aquello-; del Congreso, pues a pesar de años de denuncias, advertencias y exigencias nuestras llamando la atención sobre la necesidad de revisar y actualizar la ley de la década del 30' del siglo pasado, previa al concepto de crimen de lesa humanidad, no ha cambiado en una coma la legalidad local vigente que contraviene los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos, no existiendo aun en Chile la tipificación del delito de crimen de lesa humanidad ni tortura; del Ministerio de Justicia, en al menos 4 períodos presidenciales seguidos, en los que no se han cambiado los reglamentos penitenciarios que establecen los requisitos para acceder a beneficios carcelarios. También hay responsabilidad de la sociedad civil chilena, en primerísimo lugar de la mayoría de las orgánicas y partidos políticos de línea progresista-pues de la derecha chilena cómplice de la dictadura no espero nada-, que no han puesto este tema en la agenda de prioridad de su accionar político, descansando en lo que las iniciativas de familiares hagan o no hagan en la materia. Toda esta constelación de omisiones y falta de acción a tiempo ha favorecido a los perpetradores.
Para el caso particular que analizamos hemos llegado al final de un camino. No hay nada en la línea legal institucional nacional por encima de la Corte Suprema de Chile. El Estado de Chile nos quitó a nuestros familiares y hoy, por medio de la resolución de la Corte Suprema, improcedente a todas luces, nos niega la justicia. Quedará como un hito más de la impunidad institucionalizada y de la debacle ético moral de la comunidad política de nuestro país. Y del lugar de importancia que el pueblo de Chile ha colocado este tema en su diario vivir. El "nunca más", la no repetición requieren la acción de la justicia. Sin ella nada está garantizado. Lo hemos dicho por años a los cuatro vientos. Habrá que asumir las consecuencias, como sociedad, de la falta de escucha activa en esta materia. Algo que ya excede lo que como directamente involucrados -las "víctimas"-, podemos hacer.
Dejamos como testimonio un camino recorrido: desde la denuncia del día 29 de marzo de 1985 a minutos de secuestrado nuestros padres a las puertas de nuestro colegio; las jornadas de marcha en el bandejón central frente a La Moneda cada viernes exigiendo justicia en plena dictadura; el empujar el proceso judicial con cambios de ministro incluidos hasta llegar a la verdad siempre negada por el Estado -que fueron Carabineros los perpetradores-; la renuncia de Mendoza a la Junta Militar por este caso; la puesta en prisión de los asesinos directos; la lucha por la memoria de nuestros padres (las 3 sillas en Quilicura, jardines infantiles y liceos que llevan sus nombres, las jornada de Ciudad Elefante de cada 29 de marzo en Av. Los Leones con El Vergel, publicación de los escritos de nuestros padres, participación en cientos de foros en Chile y el extranjero dando testimonio, el trabajo académico en el área de estudios de la represión y la memoria social, el activismo social solidarizando con otras causas); la pelea para sacar a Gral. Andrusco, ex DICOMCAR y encubridor, del cargo de la Dirección Nacional de Gendarmería -lo logramos-; y la lucha contra los beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad bajo varios gobiernos de la post dictadura chilena, hasta que ahora el 2015 logró salir uno de ellos en libertad condicional en forma improcedente.
30 años de activismo, movilizados solo por el reclamo de justicia y el infinito amor a nuestros padres.
Agradezco a todos quienes han solidarizado con nuestra causa de lucha por verdad, justicia, memoria y reparación. Por la humanidad expresada en miles de gestos de apoyo anónimos. El afecto, la compasión, el estar cuando se ha necesitado.
Manuel
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