Si Estado chileno permite homenaje a Pinochet, vuelve a humillar a víctimas de crímenes de lesa humanidad

A propósito de acto a Pinochet, cito: "Una sociedad civilizada es aquélla en que sus miembros no se humillan unos a otros. En una sociedad decente, las instituciones no humillan a las personas" (Avishai Margalit, "La sociedad decente", 1996). 


Al permitir el Estado chileno que se homenajee a un asesino como Pinochet, no está practicando la tolerancia: está siendo indecente. Vuelve a humillar a las miles de víctimas, a sus familias y descendientes. El Estado chileno ha reconocido en distintos documentos oficiales los crímenes de lesa humanidad y, al menos simbólicamente, los ha condenado. Aunque en forma insuficiente, ha también reparado económicamente a las víctimas con recursos de las arcas fiscales, como una política de Estado coherente con la condena al terrorismo de Estado. 


¿Cómo se explica que el propio Estado, que ha condenado y reparado -de modo insuficiente, ya sabemos- estos crímenes, en los cuales él mismo incurrió -por ello la calificación es de Terrorismo DE Estado-, permita en el marco de la legalidad vigente que se rinda homenaje a quien, desde el cargo de Jefe de Estado auto-otorgado de facto, cometió tales crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles? Veo un contrasentido no solo lógico, sino moral, donde la ética cívica de mínimos que nos debemos autoexigir para operar como comunidad política plural, que convive en un marco de respeto mínimo de los derechos humanos, simplemente se quebranta, vuelve a ser traicionada. 


Con este homenaje que permite el Estado chileno, aunque sea de particulares, se retrocede 20 años de avance mínimo de los derechos humanos y la política reparatoria al cual los movimientos sociales lograron forzar al Estado. Y la SOCIEDAD CHILENA, con el Estado a su cabeza, se convierte en INDECENTE. Ese acto debiera ser prohibido, tal como lo es la promoción de la xenofobia y conductas intolerantes de distinta especie. EL ACTO DE HOMENAJE A PINOCHET DEBE SER PROHIBIDO, Y EL ESTADO ES EL ENCARGADO DE FRENARLO, no las víctimas directas (a quienes por cierto nos cabe clamar y exigir justicia, una vez más).