El "relojero" de la calidad

Manuel Guerrero, sociólogo  
"El mensaje más potente es que, con o sin ley de aseguramiento de la calidad, con o sin procesos de acreditación, en toda la Facultad de Medicina los haremos igual, por el solo gusto de hacer las cosas bien, porque ese debe ser el sello de la Universidad de Chile".

Sociólogo Manuel Guerrero.

Como un artesano relojero, trabaja para articular cada una de las piezas que componen los procesos de aseguramiento de la calidad en vínculo con la innovación curricular, para que la cuenta regresiva de aquí al 2012 encuentre a las ocho escuelas de pregrado de nuestro plantel listas para formar a los nuevos profesionales de la salud que el país necesita.

Por lo mismo, Manuel Guerrero -nuevo asesor en Gestión Curricular- sabe que no hay tiempo que perder, piezas prescindibles o trabajo que dar por sentado. "El proceso de innovación curricular en la Facultad de Medicina es tremendamente positivo, partiendo por su carácter pionero. Que una cultura organizacional tan fuerte como son las ciencias de la salud asuma el desafío de pensar, diseñar e implementar la enseñanza aprendizaje desde el enfoque por competencias es un tremendo avance", destaca.

Sin embargo, añade, "ahora se requiere que lo que ya se ha ido instalando en el imaginario colectivo de académicos, directivos y estudiantes, en la comunidad en general, vaya mostrando productos cada vez más tangibles. Eso implica que el enfoque en competencias llegue al aula, por los efectos positivos que tiene para el proceso formativo, liberando tiempo a los estudiantes lo que permite ejercer mayor ciudadanía, participar de actividades artísticas o deportivas. El desafío, entonces, es pasar de lo que fue crear conciencia acerca de esta necesidad -que va muy a tono con las reformas que están ocurriendo en distintas partes del mundo-, a exhibir productos concretos, lo que implica una meta real, que para el 2012 estén las carreras todas innovadas, en distintos grados, tal como ya está sucediendo".

Para ello, su aporte será "desde la gestión curricular ligada al aseguramiento de la calidad, de manera que la innovación ya no esté a nivel de comisiones -trabajo que igualmente hay que realizar, porque ahí es donde se legitima este proceso para que no sea una decisión de autoridades, sino de todos los que, juntos, imparten docencia- sino que llegue al estudiante. Eso implica conciliar múltiples necesidades, por ejemplo: coordinación de aulas y nueva infraestructura, para que ocurra de una manera distinta de hacer una enseñanza basada en casos. Pero, también, significa un desarrollo más vinculado al postgrado, a los campos clínicos, al propio hospital. Había que pasar este proceso de diseño; errar, ensayar y mejorar en el camino, pero ahora es el momento de ponerse metas muy concretas, hacer el monitoreo, tomar las acciones y hacer que la innovación ocurra".

"Somos una facultad donde la Universidad de Chile se puede ver reflejada"
Con ese fin, explica que lo que viene es ligar el proceso de innovación curricular con las distintas instancias de aseguramiento de la calidad que ya existen en la facultad. "Así, se transforma en una pieza maestra que permite ordenar distintos esfuerzos que se están realizando. Por ejemplo, una de las metas es disminuir el tiempo de estudio presencial de los alumnos, necesidad que se detectó a nivel de acreditación institucional durante el 2004. Entonces hay que reducir la carga horaria, pero no a cualquier costo: tiene que ser sobre la base de asegurar que el proceso de enseñanza ocurra. Por eso es que se deben alinear distintas iniciativas que se están realizando en toda la facultad, como las comisiones locales y central de acreditación; las comisiones locales y central de Innovación Curricular; los programas de diploma que ofrece el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud; los talleres de habilitación docente; los proyectos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, entre otros. Es decir, hay una serie de medidas de modernización de la gestión académica que hay que articular, de manera que permitan que la innovación ocurra: que estén listas las salas y sus implementos, que el profesor tenga su nuevo diseño curricular y esté cómodo y preparado para ello; que el ICBM siga dialogando con las carreras de pregrado, y que éstas tengan una mayor conectividad con el postgrado".

¿Como se inserta este proceso en el que está viviendo la Universidad de Chile, de acreditación institucional?
La Facultad de Medicina tuvo una participación muy especial en el 2004, durante la primera acreditación institucional, cuando se obtuvo el plazo máximo en las seis áreas que se consideraban en aquel momento: docencia de pregrado y gestión institucional, ambas obligatorias; y docencia de postgrado, investigación, vinculación con el medio e infraestructura y equipamiento, de carácter voluntario. Nuestra facultad fue uno de los casos de estudio para mostrar cómo funciona el conjunto de la universidad, por su gran complejidad. Es muy posible que los pares evaluadores externos vuelvan a visitarnos, porque hay un tremendo interés en cómo se realiza la docencia en un plantel donde se hace investigación y asistencia, en campus presentes en todo Santiago. Por eso es que colaboramos con esta etapa de reacreditación institucional, recopilando información de todos los avances de los últimos siete años; si a eso le agregamos nuestro proceso de innovación... somos una facultad donde la Universidad de Chile se puede ver reflejada.

¿Quién es?

Manuel Guerrero Antequera es sociólogo, académico e investigador, candidato a Doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, y egresado del programa de doctorado en Filosofía, mención Filosofía Política y Axiología de la Universidad de Chile.

Se desempeñó como asesor profesional de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad del Comité de Autoevaluación Institucional de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, colaborando en el diseño, organización y supervisión de las actividades vinculadas a los procesos de autoevaluación y acreditación para fines de mejoramiento en Facultades, Institutos y Centros, así como en programas académicos, de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la corporación.

Además, fue secretario técnico de las Comisiones de Pares en la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, CNAP, y coordinador institucional de Licenciamiento de Universidades e Institutos Profesionales nuevos del Consejo Superior de Educación. Es miembro de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina y concejal de la comuna de Ñuñoa.

Fuente: Facultad de Medicina Universidad de Chile

Declaración Agrupación Familiares de Detenidos Desaparecidos ante muerte de 83 reclusos

Nuevamente el costo del neoliberalismo lo pagan los excluidos

Chile hoy se despierta con el drama de 83 reclusos muertos calcinados en la cárcel de San Miguel de Santiago, hecho que borra de un brutal plumazo la glamorización y banalización de la exclusión de programas como Cárceles de Chile Visión, 133 Atrapados por la Realidad de Megavisión, entre otros tantos que han surgido disfrazando una realidad denunciada hasta el cansancio por organismos de derechos humanos, que nos hablan de hacinamiento, mala alimentación, tortura y ninguna rehabilitación.

La verdad es que están encerrados en las cárceles chilenas los sectores más vulnerables de la sociedad. Chile ostenta uno de los record en Latino América, el mayor porcentaje de prisioneros por cada 100 mil habitantes y los actuales gobernantes se jactan a diario de la cantidad de nuevos reclusos que tienen a su haber, dando cuenta de su distorsionada visión de la seguridad colectiva.

83 muertes que pudieron evitarse, de nada valen expresiones dolidas de las autoridades para las cuales “la situación carcelaria, no da más”, lo que no da para más es este modelo neoliberal radicalmente injusto que solo se puede sostener con la exclusión de las mayorías, esos son los 83 muertos de hoy, esos son los miles de niños y niñas a los que se les quiere aplicar una reforma educacional que segrega, esos son los mineros rescatados, esos son los así llamados beneficiarios de la Teletón, esos somos todos y todas las que emergemos en el contexto nacional a partir de la desgracia y desde la perspectiva de la sensiblería.

Nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, solidariza con las familias de los reclusos fallecidos e invita a reflexionar sobre esta pregunta:

Un Chile exitoso ¿para quienes?

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 8 de diciembre de 2010

Cárceles para la plebe

“El régimen carcelario es de lo peor que puede haber en este país. Yo creo no exagerar si afirmo que cada prisión es la escuela práctica y profesional más perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y del vicio. ¡Oh, monstruosidad humana! Todos los crímenes y todos los vicios se perfeccionan en las prisiones, sin que haya quien pretenda evitar este desarrollo”.

La autoría de esta declaración desesperada, podría perfectamente ser atribuida a cualquier político o ciudadano común actual que haya estado siguiendo con atención el estado en que se encuentra el sistema carcelario chileno, con sus cifras de sobrepoblación y condiciones de existencia de precariedad extrema, inhumana y degradante. Sin embargo, no fue pronunciada por ningún prohombre de nuestro presente, sino por el tipógrafo, educador, sindicalista y fundador de mancomunales, federaciones, periódicos y partidos políticos obreros, Luis Emilio Recabarren. Tal diagnóstico acerca del régimen carcelario fue pronunciado en una conferencia que dictó con ocasión del primer centenario de la Independencia de Chile. Han pasado 130 años desde el natalicio de don Reca y casi cien años de su conferencia. Y sin embargo, su reclamo tiene una vigencia tal que pone un manto de dudas acerca de si hemos progresado realmente en esta materia a casi doscientos años de nuestra historia republicana.

En efecto, el sistema carcelario chileno, hasta antes de 1822, estaba compuesto por cárceles y locales en Santiago, que expresaban la herencia directa de la administración borbónica. La legislación del Antiguo Régimen concebía a la cárcel como un lugar transitorio para la espera de condenas mayores, como la ejecución pública, la expropiación de bienes o el exilio. Debido a ello no se le prestaba mayor atención a la mantención física del lugar, ni tampoco se creía que estos espacios de reclusión fuesen el lugar de castigo y redención para aquél que tras haber atentado contra la sociedad, encontraría en la soledad del encierro la reflexión y el perdón para sus culpas, reintegrándose luego como individuo rehabilitado a la comunidad.

La esencia de los males, versaba la concepción mayoritaria, se localizaba en los reos de más alta peligrosidad, por lo cual a éstos no se les permitía encontrarse en los mismos recintos carcelarios que los individuos detenidos por delitos simples. En consecuencia, se habilitó el antiguo presidio español de la isla de “Más Afuera” en Juan Fernández, la que en el pasado había servido como recinto carcelario que albergó a muchos de los patriotas en los tiempos de la Reconquista Española, entre 1814 y 1817. Como es conocido, aún en la actualidad del siglo XXI hay quienes piensan que crear una “isla cárcel” es una solución seria para el problema de la delincuencia.

En aquellos años se pensaba que la lejanía de esta cárcel respecto de la sociedad y la convivencia obligada entre presos y carceleros impactarían sobre la conducta de los convictos, desincentivándolos para la comisión de futuros delitos. El mecanismo punitivo era simple: el castigo ejemplificador por medio de la soledad obligada, maltratos físicos, precariedad de víveres y ausencia de comunicación con las actividades continentales. No obstante estos objetivos, la reclusión de presos y guardias en la isla provocó una creciente hostilidad y rebeliones que a partir de 1830 cobraron forma en múltiples motines, sublevaciones y fugas en buques.

A raíz de estas dificultades, Andrés Bello, junto a otros intelectuales de la época, hizo públicamente hincapié en la necesidad de la reforma del sistema carcelario por inhumano e inefectivo. Para ello propuso la creación de colonias penales nuevas, adoptando un régimen penitenciario a partir del principio de la expiación de las culpas como forma privilegiada de corrección del convicto. De esta manera se recomendó la reclusión de los presos en celdas individuales, para el trabajo y la oración permanente hasta la enmienda del criminal.

Sin embargo, el Ministro del Interior del Presidente Joaquín Prieto, Diego Portales, era de una opinión radicalmente diferente. Para él el escarmiento ejemplificador de los delincuentes más peligrosos era la mejor forma de desincentivo. Por ello implementó una experiencia punitiva completamente nueva para Chile: el Presidio Ambulante, conocido como “los carros de Portales”. Este tipo de presidio consistía en jaulas de fierro montadas sobre ruedas, que funcionaban como lugares de encierro para los criminales de mayor grado, los que eran conducidos a distintos lugares para trabajar en obras públicas.

Cada uno de los carros era habitado por hasta catorce presos, los que estaban encadenados unos a otros. La mayor parte del tiempo los condenados realizaban trabajos forzados, mientras el tiempo restante lo pasaban en las jaulas a vista de los transeúntes durante todas las estaciones del año. Los carros se implementaron a lo largo y ancho de Chile, en Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Valparaíso, Talca, Maule y Concepción.

¿Quiénes eran los presos? No otros que la plebe. Primero, durante la conquista, se trató de los indios de encomienda y los esclavos. Luego, durante el siglo XVIII de quienes emigraron del campo a la capital, a quienes, a través de bandos presidenciales, se les prohibió cantar, disfrazarse, bailar y hasta jugar chueca. Tales restricciones sirvieron, entre otras cosas, para tomar presos a quienes las transgredían y así contar con trabajadores forzados para la construcción de obras públicas, como la remodelación, bajo las órdenes del Intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackena, del Cerro Santa Lucía.

Mucho más adelante en el tiempo, entre 1973 y 1990, las cárceles volvían a ser llenadas por los “upelientos”, la plebe organizada que había tenido la mala idea de querer ejercer el poder político, por lo cual debían ser brutalmente castigados. Muchos ciudadanos del Chile de hoy deben haber vivido la experiencia de cuando llegaban patrullas militares a sus poblaciones, y eran sacados en masa de sus casas durante la noche, para concentrarlos, ante el llanto de sus hijos y familiares, en las canchas de fútbol. Otra forma menos sutil de los carros de portales, pero esta vez con presos políticos, la mayoría de origen proletario.

Lo que caracterizó en un comienzo a este período del terrorfue la utilización masiva de campos de concentración. Estos eran habilitados fuera de los principales centros urbanos, como en Chacabuco, Pisagua, Puchuncaví, Ritoque, Quiriquina, Isla Dawson. Su diseño emulaba a los campamentos militares, en tanto recintos cercados por muros y alambradas, bajo la permanente custodia de militares. Cada campo estaba bajo la tutela de una unidad militar. En el centro de la construcción se encontraban las barracas, los recintos para los presos políticos, y en la periferia los recintos para los militares. Las barracas eran espacios amplios, sin divisiones, con literas y catres. No contaban con baños. Cada barraca era vigilada directamente por un militar quien aplicaba el régimen disciplinario. Las visitas eran permitidas una vez por mes, y la correspondencia era revisada. Los presos políticos no se encontraban bajo procesamientos judiciales, no tenían condena, ni derecho a defensa legal.

Más tarde, los presos políticos pasaron a las cárceles comunes, que eran dependientes del Ministerio de Justicia, y estaban a cargo de Gendarmería. En su mayoría se trataba de construcciones del siglo XIX que consistían en un edificio a través del cual se ingresaba, en el cual se encontraban la administración, las dependencias del personal y la guardia; un pasillo que comunicaba a éste espacio con el interior, interrumpido por puertas metálicas y guardias. El pasillo desembocaba en un óvalo formado por galerías o calles, que se ordenaban a su alrededor. En el óvalo se encontraba la Guardia Interna. Cada galería poseía dos pisos de celdas. Las del nivel del suelo estaban ubicadas a cada lado de un pasillo de cuatro metros de ancho. Las del segundo piso daban a una pasarela metálica. Los baños estaban habilitados en el fondo de la galería, constando de baños turcos sin descarga de agua, lavamanos y ducha fría. Cada celda poseía una abertura de 50 centímetros por 50 centímetros, cubierta de barrotes. El tamaño de la celda era de 2 por 3 metros, y 4 metros de altura. Los presos políticos eran dispersados entre la población común, viviendo hacinados en promedio de 10 por celda. La estructura de las galerías se encontraba rodeada por un muro alto que las circundaba, separada por la línea de fuego. Sobre el muro una pasarela y casetas con guardias armados. La mayoría de estas cárceles aún están operativas y en su interior, pobres, miles de pobres.

Sin embargo, en la actualidad ya se cuenta con la posibilidad de la participación del sector privado en la administración de las cárceles para el cumplimiento de la rehabilitación de los presos. Junto a la creación de las Cárceles de Alta Seguridad, probablemente se trata de lo más novedoso que la democracia ha aportado a una historia nacional que lleva casi doscientos años encerrando a la plebe sin lograr atacar las causas reales de la delincuencia, pues “el principal factor de la delincuencia existe en la miseria moral y en la miseria material. Hacer desaparecer estas dos miserias es la misión social de la Humanidad que piensa y que ama a sus semejantes”, dijo Recabarren hace, ¡cien años atrás!

Una versión breve de esta columna apareció en el diario La Nación 11/07/06

Integración de personas c/ discapacidad no se logra c/ depósitos, sino con + educación y leyes q se cumplan

El 3 y 4 de Diciembre Chile es nuevamente escenario de la campaña Teletón, 27 horas ininterrumpidas de fiesta para expiar los sentimientos de culpa de la indiferencia aguda, la ignorancia profunda, el silencio inoperante y la ineficacia extrema que guardan los famosos protagonistas de las 8.733 horas restantes del año.

Las cifras y la realidad coinciden en que la situación social de discriminación y pobreza que afecta a más de 2 millones y medio de personas con discapacidad en Chile, afecta gravemente también a los niños. Resulta del todo inaceptable que en pleno año 2010 aun se endose parte de esta responsabilidad a la farándula o al mundo privado, una responsabilidad que le compete al Estado a los ministerios y más específicamente al Ministerio de Salud.

El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2004, reveló que en Chile solo el 3% de los niños discapacitados ha recibido atención integral de salud alguna vez en su vida. Muchos discapacitados se preguntan si es necesario tener más pruebas para comprobar que la campaña Teletón no es de todos.

El éxito continuo de la Teletón tiene su origen en una continua falla del Estado en un tema en que merece tener un protagonismo central: Un trato digno y efectivo para los discapacitados de nuestro país, que les permita mejorar sus estándares de vida e incorporarse a todas las instancias de nuestra sociedad. Esto debe ser reconocido como un derecho y no como un favor. Muchos coinciden en que esta campaña vulnera el Estado de Derecho de cualquier país y la dignidad de los niños, mujeres, hombres con discapacidad y sus familias. Por si sola deja en evidencia otra enorme falencia del Estado Chileno: La ausencia de acceso e integración social de las personas con discapacidad.

Las condiciones favorables para que parezca normal pedir dinero para que un niño pueda caminar, parecieran ser por un lado la poca habilidad estatal y por otro el acostumbramiento social de ilegalidad que ha generado la situación óptima para que existan “grandes oportunidades comerciales” y “ofertones  solidarios” y pseudos "Santos de la TV". Esos que han encontrado algunos fabricantes de productos, para hacer el negocio del año y de paso un pequeño aporte en dinero que les permite mejorar su imagen, amasar masa y fortuna a costa de un tema social delicado: La rehabilitación de los niños discapacitados.

Las empresas (durante 27 horas) aparecen como muy “responsables” y “solidarias” al donar los excedentes, que por lógica consiguen tras meses (al menos dos) de propaganda gratuita en todos los programas, canales de televisión, radioemisoras, propios medios, además de la publicación de sus logotipos y productos estrella en carteles y gigantografías que se exponen a todo color en cada negocio, calle, quiosco de diarios, paleta publicitaria y poste del alumbrado público. Es un negocio más que redondo.

El doble estándar chileno alcanza aquí su mayor raiting. Y la ineficacia de los sistemas públicos de salud su mayor realce. Tras frases tan efímeras y livianas como “ellos dependen de ti”, “la Teletón es tuya” (¿?)o “en cada paso estás tú”; tras la danza de millones y ganancias, se esconde una realidad irrefutable : el atropello diario de los derechos humanos de más de 2 millones y medio de niños, jóvenes y adultos con discapacidad que viven en situación de pobreza y grave discriminación en Chile y más de 90 millones en toda América Latina.

Esta es una responsabilidad del Estado, no del mundillo de la televisión. La grave exclusión y discriminación hacia los niños con discapacidad, se disfraza de fiesta popular y locura consumista, como las fiestas patrias o la navidad. Hay de quién ose hablar mal del estilo solidario subdesarrollado y los depósitos en dinero que se efectúan al son del reggeton, la ranchera, "chileno de corazón", las faldas, el escote y el trasero. Cuidado a quienes se atrevan cuestionar los verdaderos fines de la maniobra mediática y comercial efectista, porque el desprecio político y económico es un monstruo que nunca ha tenido piedad con los discapacitados.
Hace mucho tiempo que los países desarrollados entendieron que la discapacidad más que un tema biomédico, debe ser un tema a abordar con el más profundo respeto por los derechos humanos. El mundo ya entendió que los dineros disponibles desde el Estado, deben ir en ayuda no solo de una, sino de todas las organizaciones que trabajan por la integración social de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas que eduquen y promuevan sus derechos.

La Convención de los Derechos del Niño, firmada por Chile en Naciones Unidas, nació el 29 de Noviembre de 1989 para garantizar el respeto de los derechos humanos de los niños(as) y adolescentes.  La Convención -firmada por todos los países del mundo- es una ley internacional que reconoce que cada niño tiene derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y la libertad de opinión y expresión; además incluye derechos económicos, culturales y sociales, como el derecho a la Salud, una buena Educación y a tener una cada vez mejor calidad de vida. Esta carta internacional por los derechos del niño, estipula que se deben mejorar la asistencia social a las familias para prestarles apoyo en sus funciones de crianza de los hijos, a fin de reducir en número de niños internos en instituciones. Además insta a los gobiernos para que elaboren medidas específicas para poner fin a todas las formas de discriminación como la explotación económica de los niños.
En el año del Bicentenario de su Independencia, el Estado chileno pareciera desconocer totalmente los Derechos del Niño, por 27 horas se nos olvida esta carta internacional, por 27 horas Chile hace la vista gorda y la opinión pública internacional se espanta. ¿Cuanto vale la recuperación de un niño o de una sociedad?. ¿Quién quiere ser millonario?

Las personas con discapacidad y sus familias emplazamos al Estado a que cumpla con su obligación: Que asuma la administración y subvención completa de los centros de rehabilitación construidos hasta el momento y que los niños reciban por derecho y no por caridad, la salud y la rehabilitación integral que históricamente se les ha negado y en el mejor de los casos, se les ha entregado parceladamente en un sistema de intereses económicos y políticos basados en la discriminación.

La integración social de las personas con discapacidad no se logra con depósitos en dinero ni con donaciones, sino que con mayor educación, conciencia, leyes y cumplimiento de estas leyes en el día a día. Chile debe reeducarse en materia de discapacidad para diseñar políticas efectivas y no efectistas, el presidente y los ministros deben aprobar el ramo de la discapacidad, creando instancias y leyes permanentes que mejoren la calidad de vida de la más grande minoría del mundo: Las personas con discapacidad.
Es tiempo que el Estado de una solución definitiva al tema de los Discapacitados, en especial a lo referido al acceso a la salud y a la rehabilitación, más que subastar este derecho en la plaza pública.

Alejandro Hernández Lemus.
Presidente Fundación Nacional de Discapacitados
Experto en Discapacidad
Santiago – Chile
 
(*) Para más información sobre la labor que realiza desde 1985 la Fundación Nacional de Discapacitados, visite: www.fnd.cl

Despidos: "Usted no encaja en el perfil"

Solidarizo con esta amiga y compañera, despedida injustamente por la llamada "nueva forma de gobernar".
MG.
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Usted no encaja en el perfil

Soy una profesional de las ciencias sociales, formada en la Universidad de Chile (léase casa de estudios de pensamiento crítico), de izquierda, feminista (algo altamente extremista para la nueva forma de gobernar) y experta en género (perspectiva de trabajo y análisis incomprendida en la actual administración). Sí, definitivamente no encajaba en el perfil del nuevo SERNAM.


Por Tatiana Hernández, integrante del Observatorio de Género y Equidad

En febrero ya un político de izquierda nos decía que la derrota de la concertación y las fuerzas de izquierda, significaría un retroceso en las perspectivas democratizadoras que se habían impulsado.

Efectivamente, el gobierno del cambio significa un retroceso feroz en lo que respecta el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y humanos de las chilenas.

No sé por dónde partir, porque la inconsistencia del gobierno de la Alianza por el Cambio es tremenda. Se dice que el objetivo principal de esta administración es aumentar la participación laboral femenina. Se viste un proyecto de sociedad que busca reforzar las relaciones tradicionales de poder entre hombres y mujeres y la división sexual del trabajo con conceptos subversivos del orden patriarcal, como lo es la autonomía de las mujeres. Sí, no encajo.

Se dice buscar la autonomía económica de las mujeres, cuando no se les garantiza la autonomía de sus cuerpos. Sin el desarrollo de esta conciencia es imposible ser autónoma en otros aspectos. SERNAM tendrá un programa mal llamado pro-vida, nada más inconsistente para una institución que fue pensada por el movimiento de mujeres y feminista. Es una institución cuyo presupuesto emana del bolsillo de todos-as los-as chilenos-as y actualmente se busca proyectar una moral privada, de un sector de la sociedad a toda la sociedad. Sí, no encajo.

SERNAM es una institución para todas las mujeres y no sólo para aquellas cuyo proyecto de vida por elección o falta de oportunidades, sea el ser madres y principalmente sólo eso.

Recuerdo un correo electrónico que envié a las nuevas autoridades argumentando mi preocupación respecto de los mensajes inconsistentes que estábamos entregando a las mujeres. Recibí un mensaje tipo de respuesta. Sí, no encajo.

La razón de mi despido fue: “no nos parece la forma de relacionarse que Tatiana tiene con las empresas”. Siempre me resistí a trabajar con empresas que no garantizarán un piso mínimo de respeto a los derechos laborales de las mujeres. Trabajo decente era el piso mínimo para trabajar al menos para el gobierno de la Presidenta Bachelet que es cuando se creó la Unidad en la que trabajaba. Piso mínimo no significativo para la nueva administración. Es cosa de mirar dónde están las mujeres empleadas durante este año y analizar los reportes que la dirección del trabajo realiza respecto de los derechos laborales vulnerados; la relación es altamente significativa.

A otras compañeras les dieron como razón: “necesidades de la empresa”. Qué manera de faltar el respeto a las funcionarias públicas, con sentido de Estado. Estos son los lapsus o el desviste del lobo que dan cuenta que la alianza por el cambio piensa que el Estado es una gran empresa que obedece a intereses privados y no colectivos. Sí, no encajo. Y orgullosa por ello.