Según la última encuesta Adimark, el respaldo al Gobierno se ha desplomado y, en el área de la Educación, sufrió la peor de las derrotas, cayendo 16 puntos porcentuales en mayo respecto de abril de este año, pasando de una aprobación del 60% a una del 44%. Esto no es coincidencia, ya que está en directa relación con la capacidad del movimiento universitario de hacerse escuchar y hacerle ver al resto del país la grave situación en que se encuentra la educación en Chile. La ciudadanía ha respondido consistentemente y se ha hecho eco del malestar expresado en el movimiento. En hora buena. Ambos fenómenos -la caída del respaldo al Gobierno y las contundentes movilizaciones estudiantiles- son un indicio de que una nueva conciencia política se está gestando en el seno de nuestra sociedad.
Una vez más en la historia política de Chile, los estudiantes marchan pidiendo cambios sustantivos en la educación. A estas movilizaciones se han sumado también académicos, funcionarios y altas autoridades universitarias. Es, como diría Serrat, todo un gesto de urbanidad ver a los rectores marchando con los estudiantes y reconociendo públicamente que este movimiento estudiantil es responsable y serio, al mismo tiempo que se sienten orgullosos de sus estudiantes. En lo personal, me produce una entusiasta y esperanzadora alegría.
En el modelo de financiamiento estatal, tanto el hijo de un obrero como el hijo de un empresario tienen la misma legitimidad para acceder a la educación, puesto que ambos pagan impuestos y contribuyen a financiarla, el primero paga menos y el segundo más, y esa es una legítima forma de reducir la desigualdad de ingresos.
Ya era hora de que se configurara un movimiento sólido y contundente que movilizara la conciencia ciudadana y repudiara la criminalización de las movilizaciones, que sólo buscan hacer ver el descontento que la gran mayoría de Chile no puede expresar, por la falta de una institucionalidad verdaderamente democrática.
Es que en el caso de la educación superior, así como en tantos otros aspectos de Chile, el desmadre no puede dar para más. Todo mal y muy mal. Quizás el peor de los males que aqueja a la educación superior sea el uso y abuso de la práctica ilegal de lucrar con las aspiraciones de los estudiantes y sus familias, lo que constituye una de las principales molestias que moviliza a estudiantes y académicos.
No estamos hablando de si el lucro debe o no existir, si es un mecanismo adecuado para asegurar la calidad y la democratización del derecho a la educación, sino más bien, de una práctica ilegal, puesto que, la ley no permite el lucro, pero éste se practica a vista y paciencia de todas las autoridades políticas y educacionales del país. Todos sabemos que es ilegal y todos sabemos que se practica, y los delincuentes que lo hacen son respetados ciudadanos de la sociedad chilena. Las cárceles están llenas de delincuentes que han cometido delitos menos graves y con menos consecuencias para las víctimas que los que cometen los dueños de universidades que lucran con la educación superior. Digo delincuentes porque comenten un delito y todo aquel que lo hace es un delincuente. Las autoridades, por su parte, al tolerar esta práctica, se convierten en protectorados del delito.
Ahora bien, todo esto sería “puro enojo” o como se estila decir “puro resentimiento”, si efectivamente el lucro hubiese probado ser un instrumento eficaz y eficiente para sostener la educación superior. No hay que ser ningún erudito para darse cuenta que, lejos de mejorar la educación superior con el “bendito” lucro, ésta se ha empeorado y deteriorado a niveles preocupantes. El lucro, por ejemplo, ha creado la institución del profesor taxi que hace clases en distintas universidades y que, por la baja remuneración, no tiene ni el tiempo ni los recursos necesarios para actualizarse y otorgar una adecuada atención de sus alumnos. La reducción contundente de los profesores de planta y el aumento masivo de los profesores taxi es claramente el resultado de la orientación hacia el lucro y no hacia la educación real y eficaz de los establecimientos educacionales.
El lucro, por otra parte, no ha incrementado la investigación ni el desarrollo. Según la información recabada por la OECD y el Banco Mundial, en Chile se gasta apenas un 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) en Investigación y Desarrollo, al mismo tiempo que las principales instituciones que realizan investigación son las universidades estatales más importantes: U de Chile, U. Católica, U. de Concepción, U. de Santiago y U. Austral.
Lo más kafkeano es que el lucro en su afán de obtener las ilícitas e ilegales ganancias, ha masificado y sobresaturado el mercado del trabajo con profesiones y oficios que no tienen demanda suficiente y, en consecuencia, lo único que han conseguido es rebajar sustancialmente las remuneraciones a que pueden acceder los nuevos profesionales, lo que a su vez contribuye a incrementar el lucro de otras actividades productivas que tienen la posibilidad de contratar profesionales muchísimo más baratos. Lo peor es que muchos estudiantes deben cargar con una mochila de deudas adquiridas por estudiar carreras en las que no encontrarán trabajo y si lo encuentran, la remuneración no les permitirá ni siquiera pagar el crédito.
En conclusión, el lucro ha llevado a la educación superior al peor de los mundos. Y todo esto sin considerar el despilfarro de recursos que se permite este país para educar personas que no ejercerán sus profesiones. Recursos que, además, provienen mayoritariamente de las familias que hacen un gigantesco esfuerzo para educar a sus hijos.
Si todo esto no es estúpido ¿alguien me podría señalar qué lo sería?
El tema del financiamiento de la educación superior es otro teatro del absurdo. Los países que han alcanzado un desarrollo real y no el ficticio progreso que exhibe Chile, gastan como Estado, según las cifras entregadas por el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, el 1,7% del PIB en educación superior, mientras que en Chile esa cifra llega sólo al 0,3%. En países de alto desarrollo como Finlandia, el 95% del esfuerzo recae en el Estado y sólo el 5% en las familias. En Chile -muchísimo menos desarrollado que Finlandia- el 85% recae en la familia y el 15% en el Estado. Solamente en nuestro país, universidades estatales como la U de Chile, deben encarar con recursos propios el 90% de su presupuesto. Esta forma de financiamiento, por cierto, ha contribuido brutalmente al deterioro de la educación superior.
Esto nos obliga a pensar en un nuevo sistema de financiamiento. Debe superarse el modelo basado en el esfuerzo individual de las familias y pasarse a un financiamiento basado en los recursos públicos. Este último es el mal llamado sistema de la educación gratuita para todos. Digo mal llamado porque nunca la educación ha sido gratuita, la educación siempre ha costado dinero y mucho dinero, y siempre este dinero proviene de los que trabajan y pagan impuestos y/o de recursos naturales como el cobre, es decir, de un recurso económico que debería pertenecer a los chilenos.
La diferencia entre los dos modelos de financiamiento es que, en el que hoy prevalece, sólo podrán acceder los que tienen suficientes recursos propios para financiarlo, mientras que, con el sistema de financiamiento estatal acceden todos aquellos que tengan el interés y la capacidad, pero, en igualdad de acceso. Es así como, en el modelo de financiamiento estatal, tanto el hijo de un obrero como el hijo de un empresario tienen la misma legitimidad para acceder a la educación, puesto que ambos pagan impuestos y contribuyen a financiarla, el primero paga menos y el segundo más, y esa es una legítima forma de reducir la desigualdad de ingresos. Es por ello que no resulta pertinente cuestionarse si es justo o no que los hijos de los sectores acomodados accedan a la educación superior sin pagar un arancel. Si estos pagan impuestos concordantes con su nivel de ingresos no solo contribuyen a financiar la educación de sus hijos, sino que también contribuyen a financiar la educación de otros.
Por lo demás, tenemos recursos naturales como el cobre que permitirían educar a los jóvenes de Chile en condiciones inmejorables. Pero, ello requiere que efectivamente dichos recursos estén disponibles para el desarrollo del país y no para el lucro de los inversionistas extranjeros, como es lo que ocurre hoy en Chile.
El financiamiento público de la educación es, por otra parte, más eficiente que el modelo privado, puesto que todos los recursos se destinan a sueldos de profesores, investigación e infraestructura, mientras que con el financiamiento privado, un voluminoso monto de los recursos va a parar a los bolsillos de los propietarios de estas empresas-universidades.
Me gustan los estudiantes, cantaba Violeta Parra, porque son jardín de nuestra alegría y son aves que no se asustan de animal ni policía. Es muy importante que estas movilizaciones continúen y se fortalezcan, incorporando a más y más sectores de la sociedad chilena. No solamente porque contribuyen a romper la apatía y la desidia de Chile ante los problemas y las cuestiones de carácter público, sino también, porque son un nutritivo alimento de esperanza y confianza en el futuro de Chile.
*Economista
1 comentario:
Solo un pequeño comentario. Dentro de las universidades que se nombran en las que mas contribuyen a la educación, cabe destacar que las universidades Católica y de Concepción no son universidades estatales (no por lo menos del estado de Chile), sino que son universidades privadas pero que se llevan una gran parte del aporte fiscal a pesar de que en universidades como la Católica el porcentaje de alumnos que provienen de estamentos públicos es el más bajo de las llamadas universidades 'estatales'.
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