Mañana Jueves 16 de junio me sumo al Paro como estudiante, funcionario y académico de una universidad pública. Pero también como un simple padre y como un ciudadano transeúnte. Y hago mías las razones, que de modo claro, lúcido y valiente, ha planteado el Rector Victor Pérez en su discurso de inauguración de nuestro año académico.
Nos vemos en la calle, a las 11 en Pza Italia,
Manuel Guerrero
UN MENSAJE DE TRISTEZA Y MOLESTIA*
Hoy, ante ustedes, comencé esta ceremonia con un mensaje de orgullo, pero la terminaré con un mensaje de tristeza y molestia.
Como saben, llevo casi cinco años como Rector de la Universidad de Chile y antes fui Decano por ocho años. Es decir, soy un académico con una larga vida dedicada a la docencia y la investigación, al igual que todos ustedes que han dedicado la vida a esta Universidad y a nuestro querido país.
En estos últimos años, he visto cómo se han creado una infinidad de comisiones y grupos de trabajo sobre la educación pre-escolar, básica, media y superior, los que han generado numerosos informes y extensos documentos. También he participado en cientos de reuniones y ceremonias, en que las autoridades han comprometido muchas cosas en el ámbito de la educación superior que, las más de las veces, sólo se transformaron en anuncios de prensa.
Estoy cansado de leer informes que sólo demuestran los resultados de las malas políticas públicas en educación, porque detrás de ellos hay condenas reales a jóvenes chilenos, a quienes el Estado no les está garantizando ni siquiera el sueño de tener un futuro mejor. Y eso sólo me genera tristeza y molestia.
Y mientras todo esto pasa, la educación pre-escolar, básica, media y superior en nuestro país sigue condenando y segregando a miles de jóvenes chilenos cada año y, de paso, nos asegura graves problemas sociales, políticos, económicos y culturales. ¿O es que alguien cree que esta educación inequitativa, excluyente y discriminatoria será buena para la integración social o para el desarrollo económico que Chile debe tener en los próximos decenios?
En la educación superior, el sistema impuesto por la dictadura y aún vigente después de más de veinte años de democracia confunde universidades tradicionales con las privadas nuevas. Mientras que las primeras hacen más del 85% de la investigación nacional, muchas de las privadas nuevas, en un ambiente de total e impune desregulación, se compran y venden en el mercado, con cifras millonarias en dólares y enormes ganancias. Sin que ningún órgano del Estado haga cumplir la ley de Pinochet que estipula que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Pero lo más desfachatado es que gracias a un lucrativo lobby, muchas de estas universidades privadas nuevas están pidiendo y obteniendo recursos públicos para hacer más rentable y sustentable su negocio, y con el singular privilegio de no tener ningún tipo de control por parte de la Contraloría General de la República sobre el manejo y destino de esos recursos públicos. Y esto se está haciendo a espaldas de la ciudadanía y de la historia, a espaldas del futuro de millones de jóvenes chilenos.
Desde la Universidad de Chile exigimos al Estado una nueva Ley de Educación Superior, que garantice la existencia y desarrollo de las universidades estatales, que las financie en al menos el 50% de sus actuales presupuestos -en Brasil, y en Finlandia y otros países de la OECD el aporte estatal a las universidades del Estado es sobre el 65% de sus presupuestos- y que de claras orientaciones respecto de sus deberes y derechos, para que así estas puedan enfrentar desafíos mayores contando con un trato claro con la sociedad. La autonomía académica, económica y administrativa es un principio rector que debe resguardarse en la formulación de tal política, atendiendo a la naturaleza de la actividad de educación superior que dista en mucho de otras funciones de otras instituciones del Estado. Conjuntamente, la política debe dar claridad en las condiciones en que las universidades privadas están invitadas a contribuir con la provisión de bienes públicos atendiendo a las funciones y la calidad con que desarrollan docencia, investigación y extensión.
También nos parece necesario fortalecer la institucionalidad del Estado en la Educación Superior en dos ámbitos. En el tema de fiscalización, mediante la creación de una Superintendencia de Educación Superior. Y en el tema de la formulación y evaluación de políticas, mediante una Subsecretaría de Educación Superior, idea, esta última, que en su momento fue propuesta por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, que posteriormente fue reiterada en el año 2009 por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, y que últimamente ha vuelto a ser mencionada por varios señores rectores del Consejo de Rectores.
Sin embargo, como ustedes saben, la confianza y la credibilidad son esenciales para abordar políticas de Estado que sean inclusivas y sustentables en el tiempo.
El actual Ministro de Educación ha señalado por los medios de comunicación el compromiso que el año 2011 será el año de la reforma del sistema de educación superior. De ser así, es una buena noticia.
Sin embargo todavía no se ha dado a conocer cuáles serán los ejes de esta trascendental reforma, sólo cabe suponer que, lamentablemente, al parecer esta nueva política de gobierno se estaría elaborando a oscuras, entre cuatro paredes, sin participación de las universidades ni de sus comunidades, y en un contexto que es preocupante: tenemos que reconocer que aquí hay un lobby que está trabajando día y noche para ocupar recursos públicos y así hacer más rentable el negocio de la educación superior.
Quiero reclamar por esta práctica que no es transparente, y que aparece como sospechosa y contradictoria con las prácticas democráticas. Las universidades tradicionales de Chile son las que llevan más de 100 años educando a nuestro país y son las que hacen prácticamente toda la investigación nacional. Por lo mismo, no aceptamos que se pretenda fijar políticas para reformar el sistema universitario a espaldas nuestras que, como ya hemos visto, terminan en proyectos de ley enviados con urgencia a último minuto, justo cuando los académicos y estudiantes están terminando el año docente y la ciudadanía está concentrada en sus fiestas navideñas.
Como Rector de la Universidad de Chile, quiero hacer un llamado público al gobierno, al Ministro de Educación y a los parlamentarios, para que la nueva política de educación superior sea una política de Estado y no una política de gobierno. Ellos saben bien que la misión de la Universidad es ser conciencia crítica de la sociedad, y producir y transmitir el conocimiento preparando nuevas generaciones para el desarrollo del país. Las universidades públicas estamos llamadas a contribuir sustancialmente a esos fines, con especial orientación hacia la creación y promoción de bienes públicos como el pluralismo, la libertad y la tolerancia, elementos fundamentales en la construcción de la sociedad.
Como todo el país es testigo, nos hemos comprometido con un modelo basado en la calidad y la equidad de la educación superior, para alcanzar el nivel más alto en el país y constituir un modelo de sistema universitario del mejor nivel internacional.
Por eso mismo quiero comprometer ante ustedes y el país toda mi energía para promover y defender una mejor educación pública para todos los jóvenes chilenos. Vamos a trabajar hasta que efectivamente se adopten políticas públicas inclusivas que sean de Estado.
Me sorprende la liviandad con que se tratan estos asuntos, tan relevantes para la vida cívica de nuestro país. En salud nadie está pensando en cómo el Estado debiera financiar a las clínicas privadas mientras desatiende los hospitales públicos. En minería nadie tampoco está pensando en cómo el Estado debiera financiar a las empresas mineras privadas mientras desatiende a Codelco. Pero parece que en educación el lobby de algunos privados funciona y muy bien, buscando imponer en la opinión pública y en los poderes del Estado la aceptación de la idea de que las universidades privadas nuevas -muchas, de hecho, con fines de lucro- deben tener financiamiento basal del Estado, y el cuestionamiento al derecho y deber del Estado de financiar adecuadamente a las universidades estatales, ideas impensables en los países desarrollados.
Y contra esto, contra la privatización y mercantilización de la educación superior pública vamos a luchar con el respaldo de todos los académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad de Chile.
Estoy seguro que estaremos acompañados por la gran mayoría ciudadana que ve, en la educación pública de calidad y equitativa, su única esperanza para una mejor calidad de vida para sus hijos e hijas.
Con mucho orgullo digo: Viva la Universidad de Chile, Viva la Universidad de Chile libre, Viva Chile.
Muchas gracias.
(*Victor Pérez Vera, Rector de la Universidad de Chile)
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