Autoridades y universidades de la región advirtieron sobre los riesgos de incluir a la educación superior como un servicio comercial –como exige la OMC– y ratificaron su carácter de bien público.
Por Julián Bruschtein (Página 12)
Desde Cartagena de Indias
“Advertimos a los Estados de América latina y el Caribe sobre los peligros que implica aceptar los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y luego estar obligados por ellos, entre otros aspectos lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio en cumplimiento del principio del `trato nacional’ que en ellos se establece.” Así señala el documento final elaborado en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) que reunió durante la semana pasada a gran parte de la comunidad académica latinoamericana en esta ciudad de Colombia. También se destacaron los conceptos de responsabilidad social, calidad, inclusión, integración regional y la emigración calificada.
Después de sesionar durante tres días, los representantes universitarios de 33 países aplaudieron de pie el documento consensuado que llevarán ante la conferencia mundial que se realizará el año que viene en París. Entre las delegaciones había clima de entusiasmo por el documento, ya que, pese a las correcciones de redacción que se pidieron sobre el final, habían podido sintetizar todas las posturas. La ministra de Educación colombiana, Cecilia Vélez White, no se cansó de repetir que, “a pesar de las diferencias ideológicas que había entre los participantes, se pusieron ante todo las necesidades de la región”.
La declaración está dividida en siete ejes. El primero es el que declara a la educación superior como “un derecho humano y bien público social, en la medida en que el acceso a ella es un derecho real de todos los ciudadanos”. También declama que “el desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonía que existen de hecho” y que la injerencia de “proveedores transnacionales” amplía “la exclusión social, fomenta la desigualdad y consolida el subdesarrollo”. Aquí la conferencia propone actuar “para que la educación en general y la educación superior en particular no sean consideradas como servicio comercial” y detalla que como “bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo del Estado”.
El segundo tema sobre el que se expide el documento es sobre la “cobertura y los modelos educativos e institucionales”. Los delegados académicos se plantean como una tarea imprescindible “generar las estructuras institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho” a “la cobertura educacional de las próximas décadas”. Y para ello encuentra necesario “garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas” para “la integración de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, la población indígena y afrodescendiente, personas con capacidades diferentes, migrantes, refugiados y otras poblaciones carenciadas”, así como considera indispensable “la universalización de la educación media” y rescata “la experiencia de las universidades populares” como experiencia válida de “saberes adquiridos fuera de los inicios del reformismo”.
Continúa con la postulación de los “valores sociales y humanos de la educación superior”, donde resalta que “las instituciones de educación superior deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos”, en donde se “exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; el trabajo conjunto con las comunidades” que “enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados”. Luego hace hincapié en “la educación científica y humanística y el desarrollo integral sustentable”.
Un tema que fue motivo de preocupación entre los asistentes fue “la emigración calificada”. El documento denuncia “la existencia de políticas explícitas por parte de países industrializados para la captación de dicho personal proveniente de los países del sur” y detalla que hacen falta “políticas públicas que atiendan al problema en su complejidad, salvaguardando el patrimonio intelectual, científico, cultural y profesional” regional. Por último, los académicos resaltaron como “impostergable” la construcción de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces), que “debe formar parte de la agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales de carácter regional”.
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